En la reunión de los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con arreglo a la fórmula “Arria”, Cedeño de Fernández precisó que esa lucha debe atender las violaciones sexuales en zonas de conflictos armados y la mutilación genital femenina.
La vicepresidenta, quien representa al Gobierno dominicano en el 63 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, lamentó el alto porcentaje de esos casos que no llegan siquiera a una fase de investigación, mucho menos a sanción del responsable.
Explicó que un análisis sensitivo de género puede contribuir a que surjan recomendaciones útiles y prácticas que promuevan una implementación efectiva del derecho internacional.
Consideró, en un comunicado, que es un compromiso de los Estados luchar contra la impunidad en la violación de los derechos humanos para mantener la paz y la seguridad a nivel mundial.
Sostuvo que se requieren de mecanismos que pongan en evidencia y sancionen esas violaciones, ya que aún persisten retos evidentes en ese sentido, por lo que las naciones están llamadas a desarrollar sistemas de justicia nacionales que aseguren la investigación y castigo de esos crímenes.
Indicó que esos sistemas no solo deben ser fuertes, sino que tienen que estar basados en principios como el debido proceso de ley y la imparcialidad de los jueces. Resaltó que la lucha contra la impunidad es parte esencial del esfuerzo por la protección de los derechos humanos.
“Apoyamos con vehemencia el diseño de un plan quinquenal, innovador y robusto que nos acerque cada vez más hacia el firme compromiso con la implementación de las acciones propuestas y, por ende, el apoyo de la Agenda 2030. Reiteramos el compromiso de la República Dominicana con los derechos humanos, prestando la debida atención y prioridad para su plena y efectiva implementación”, subrayó.
La reunión con arreglo a la fórmula Arria, que tiene como lema “Derechos humanos, responsabilidad y justicia: contribuciones a la paz y la seguridad internacionales”, tiene el objetivo de examinar cómo el estado de derecho, en relación con los derechos humanos, la rendición de cuentas y la justicia internacional, pueden contribuir a descargar la responsabilidad principal del Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
De acuerdo a la información, también participaron la expresidenta chilena Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, así como Miguel Serpa Soares, secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos y Estados de las Naciones Unidas y el juez Theodor Meron, presidente del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia.EFE
